La ofensiva porteña contra la jueza De Marinis reaviva la pelea por la ley penal juvenil

El Gobierno porteño volvió a escalar su disputa con la jueza Laura De Marinis, la magistrada que había declarado inconstitucional la aplicación de la nueva ley penal juvenil en un caso concreto de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Justicia local, Gabino Tapia, ratificó el pedido para que avance el proceso de enjuiciamiento y sostuvo que espera una destitución, una definición que volvió a poner el tema en el centro de la agenda judicial y política.

El conflicto nació a partir de una resolución de De Marinis, titular de un juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, que cuestionó el artículo de la Ley 27.801 que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal juvenil. La decisión había beneficiado a un adolescente imputado en una causa por tentativa de robo y fue leída por el Ejecutivo porteño como una intromisión judicial sobre una política criminal definida por el Congreso.

La Cámara Penal, Contravencional y de Faltas porteña revocó luego esa resolución. En su revisión, el tribunal sostuvo que el fallo no demostraba una contradicción constitucional suficiente y que expresaba una valoración contraria a la opción legislativa adoptada. Esa revocatoria no cerró la discusión: por el contrario, habilitó al Gobierno de la Ciudad a redoblar la presión política sobre la magistrada.

La baja de edad penal es una de las reformas más sensibles de la agenda de seguridad. Sus defensores argumentan que el Estado necesitaba un régimen específico para adolescentes de 14 y 15 años acusados de delitos graves, con reglas procesales claras y capacidad de respuesta frente a hechos violentos. Sus críticos advierten que la Convención sobre los Derechos del Niño y los estándares internacionales obligan a priorizar medidas de protección, reinserción y proporcionalidad, y que el endurecimiento penal no resuelve por sí solo los problemas sociales que atraviesan a los menores en conflicto con la ley.

La discusión tiene además un costado institucional. Un juez puede revisar la constitucionalidad de una norma en un caso concreto, pero los gobiernos suelen cuestionar cuando esa revisión aparece como una sustitución de la decisión legislativa. En la Ciudad, Jorge Macri y su equipo buscan mostrar firmeza en seguridad, mientras el debate judicial obliga a precisar hasta dónde llega la autonomía de los tribunales y cuándo una sentencia puede derivar en un proceso disciplinario.

Para las familias y los barrios donde la inseguridad juvenil es una preocupación real, el punto práctico sigue abierto: cómo combinar responsabilidad, prevención y garantías sin convertir a la escuela, los servicios sociales o el sistema penal en respuestas aisladas. El caso De Marinis no agota ese dilema, pero lo volvió visible con una intensidad que seguirá creciendo si el proceso de enjuiciamiento avanza.